Hace exactamente medio año, Fernando Sabag Montiel gatilló su arma a pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa. La Bersa no se activó y la bala no salió. Desde entonces muchas veces se dijo que pudo haber sido una tragedia, pero para la vicepresidenta ese evento --de la noche del 1 de septiembre de 2022– lo fue. Así se lo dijo al comité de expertas que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mecsevi) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la visitó en su despacho del Senado. En un extenso informe que les presentó a las especialistas denunció que hace dos décadas es víctima de violencia política –que mutó de acoso mediático a un intento de magnicidio–. “La vida de Fernández de Kirchner corrió serios riesgos y, por decisión del Poder Judicial, los sigue corriendo. Por extensión, la democracia argentina se encuentra en vilo”, dice la presentación en la que la principal dirigente política del país pidió la intervención de organismos internacionales porque entiende que en Argentina ella ya no tiene derechos políticos ni civiles.

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