Cristina Kirchner escuchó el veredicto en el despacho que ocupa en el Senado: seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Los jueces la absolvieron, en tanto, del delito de asociación ilícita, penada con hasta 12 años. Fue una sentencia a medio camino entre lo que había pedido la fiscalía y la absolución que reclamaba su defensa. Argentina esperó el fallo entre la resignación y la euforia. En el peronismo, y mucho más en su versión kirchnerista, sostienen que están ante la consumación de una larga estrategia persecutoria contra la política más influyente del país. La oposición, que la justicia ha obrado sobre una dirigente a la que achacan todas las maldades posibles. Kirchner no irá a la cárcel, porque tiene fueros como vicepresidenta. Puede apelar además su condena ante la Corte Suprema, un proceso que demora años. Otra cosa es el impacto político.

“Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal”, dijo Kirchner minutos después de leído el veredicto. “Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”, disparó. Y cerró su discurso casi a los gritos, anunciando, para sorpresa de todos, que no será candidata en 2023. “No seré mascota del poder”, dijo con la mirada fija en una cámara. En diciembre del año próximo, aseguró, ya no tendrá fueros y volverá a su casa en la Patagonia, “porque la verdadera pena es la inhabilitación”, denunció.

La sentencia tensiona el delicado equilibrio de poderes que hoy sostiene al peronismo en la Casa Rosada. Durante el proceso, que duró más de tres años, Kirchner y el kirchnerismo acusaron al presidente, Alberto Fernández, de no hacer lo suficiente para defenderla en los tribunales. Ante la caída en picado de la imagen presidencial, entre las bases más movilizadas se multiplican ahora los pedidos para que Kirchner aspirde a la presidencia en 2023. Una decisión semejante laminaría las aspiraciones de los dirigentes que pretenden asomar la cabeza por encima de la expresidenta.

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