La juez 32 con función de garantías les negó la libertad a tres señalados miembros de la primera línea que asumirían responsabilidades como gestores de paz, según lo estipulado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la togada, falta claridad frente a la normatividad divulgada por parte de la administración Petro, pues esta solo pretende la suspensión de órdenes de captura contra representantes de algún tipo de grupo al margen de la ley que esté negociando con el Gobierno nacional.

Sin embargo, precisó la jurista, no se habla en ningún momento de la suspensión de alguna medida de aseguramiento ni de la suspensión de algún tipo de investigación judicial o penal contra algún miembro de dichos grupos ilegales.

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